ALFONSO SORIANO
El gasto desmadrado de las
autonomías es en gran parte el causante del elevado déficit público,
que tan caro nos está costando. Según datos del Diario ABC, los
parlamentos regionales, que suman en total 1.228 diputados en España,
costarán en 2.012, casi 400 millones de euros. Lo alarmante de la cifra
es la discrecionalidad que va desde los 165.152 que cuestan los de La
Rioja, a los 429.167 los de Canarias, los más costosos de toda España.
Los de Andalucía con 109 escaños -frente a los 60 de Canarias- cuestan
427.982. La media está muy por debajo del coste de los parlamentarios
canarios: 319.210 euros. Entre todos los parlamentos autonómicos salen
por el doble que el Congreso y el Senado juntos.
A la numerosa nómina de diputados
regionales que hay en España hay que añadir las no menos extensas
plantillas de funcionarios al servicio de las Cámaras legislativas y una
nutrida nómina de “colocados” por los partidos políticos, que incluye
al llamado personal de confianza, asesores de todo tipo y los servicios
de comunicación de los grupos parlamentarios. Y si a esto se añaden los
ostentosos gastos en decoración de despachos e instalaciones, los costes
de mantenimiento de edificios, suministros, telefonía –la factura
global entre todos los parlamentos regionales es de muchos millones de
euros-, coches oficiales, gastos de representación, así como viajes,
dietas… etc., se comprenderá que este desorbitado gasto no hay economía
que pueda soportarlo.
