LAURA DOCAMPO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
"Estoy destrozada. Me han echado a la calle con dos menores a mi cargo y
cuando estoy en paro". Entre sollozos, Carmen Omaña, de 47 años, no
alcanzaba a asumir lo que acababa de pasarle. Los secretarios
judiciales, rodeados por varios agentes antidisturbios de la Policía
Nacional, acababan de cambiar la cerradura de la que había sido su casa
desde 2004, en el número 15 de la calle Alcalde Mandillo Tejera, en el
barrio de Los Gladiolos.
Al cuarto intento de desahucio, Bankia dejó sin casa a esta familia chicharrera por no pagar una hipoteca de 156.000 euros. Para colmo, Omaña tendrá que pagar 220.000 euros al banco, la cuantía del crédito más los intereses pendientes y las costas de ejecución del proceso de desalojo. Los cinco años que estuvo pagando a Bankia apenas le sirvieron para cubrir parte de los intereses.
Esta vez, el medio centenar de integrantes de la Plataforma Antidesahucios no pudieron hacer nada para detener la expulsión de Carmen Omaña, sus dos hijas de 16 y 19 años, y una sobrina de 17 que también reside con ella. El cambio de cerradura se produjo alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer. Los activistas evitaron los enfrentamientos con la Policía y los enviados del juzgado de primera instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife por expreso deseo de la afectada y de los portavoces de la Plataforma, aunque no faltaron los momentos de tensión cuando Omaña tuvo que sacar sus cosas de la vivienda precipitadamente ayudada por los integrantes de la Plataforma y algunos vecinos.
Los responsables de Bankia se negaron a negociar en las últimas semanas con la familia y tampoco contestaron a los requerimientos del alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, que intentó evitar el desalojo. Tampoco lo hicieron los responsables del juzgado de instrucción 5. "Es lamentable que ni siquiera hayan respondido a nuestras peticiones para que se aplazara el desalojo", dijo Bermúdez.
La afectada y los responsables de la Plataforma censuraron la actitud de los responsables de Bankia, más cuando esta entidad acaba de ser rescatada con 24.000 millones de euros de dinero público por el agujero dejado por los anteriores gestores a causa del derrumbe del ladrillo. "Les salvamos con nuestro dinero y nos pagan así", subrayó Omaña visiblemente indignada.
Esta mujer nacida en Venezuela y que se vino a vivir a la capital al casarse con un español, del que se ha separado, pasará las próximas noches en un hotel junto con sus dos hijas y su sobrina. Los gastos corren a cargo de los Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que le ofrecieron una habitación en un piso para mujeres sin recursos que rechazó al no tener espacio para cuatro personas. También busca una vivienda social para ellas. "Hasta ahora he venido cobrando una ayuda social de 400 euros. Con eso mantenía a las tres jóvenes que tengo a mi cargo. Ahora no tengo paga y debo 220.000 euros", dijo mientras unos vecinos cargaban cajas con sus cosas y las introducían en una furgoneta a no se sabe dónde.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
"Estoy destrozada. Me han echado a la calle con dos menores a mi cargo y
cuando estoy en paro". Entre sollozos, Carmen Omaña, de 47 años, no
alcanzaba a asumir lo que acababa de pasarle. Los secretarios
judiciales, rodeados por varios agentes antidisturbios de la Policía
Nacional, acababan de cambiar la cerradura de la que había sido su casa
desde 2004, en el número 15 de la calle Alcalde Mandillo Tejera, en el
barrio de Los Gladiolos. Al cuarto intento de desahucio, Bankia dejó sin casa a esta familia chicharrera por no pagar una hipoteca de 156.000 euros. Para colmo, Omaña tendrá que pagar 220.000 euros al banco, la cuantía del crédito más los intereses pendientes y las costas de ejecución del proceso de desalojo. Los cinco años que estuvo pagando a Bankia apenas le sirvieron para cubrir parte de los intereses.
Esta vez, el medio centenar de integrantes de la Plataforma Antidesahucios no pudieron hacer nada para detener la expulsión de Carmen Omaña, sus dos hijas de 16 y 19 años, y una sobrina de 17 que también reside con ella. El cambio de cerradura se produjo alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer. Los activistas evitaron los enfrentamientos con la Policía y los enviados del juzgado de primera instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife por expreso deseo de la afectada y de los portavoces de la Plataforma, aunque no faltaron los momentos de tensión cuando Omaña tuvo que sacar sus cosas de la vivienda precipitadamente ayudada por los integrantes de la Plataforma y algunos vecinos.
Los responsables de Bankia se negaron a negociar en las últimas semanas con la familia y tampoco contestaron a los requerimientos del alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, que intentó evitar el desalojo. Tampoco lo hicieron los responsables del juzgado de instrucción 5. "Es lamentable que ni siquiera hayan respondido a nuestras peticiones para que se aplazara el desalojo", dijo Bermúdez.
La afectada y los responsables de la Plataforma censuraron la actitud de los responsables de Bankia, más cuando esta entidad acaba de ser rescatada con 24.000 millones de euros de dinero público por el agujero dejado por los anteriores gestores a causa del derrumbe del ladrillo. "Les salvamos con nuestro dinero y nos pagan así", subrayó Omaña visiblemente indignada.
Esta mujer nacida en Venezuela y que se vino a vivir a la capital al casarse con un español, del que se ha separado, pasará las próximas noches en un hotel junto con sus dos hijas y su sobrina. Los gastos corren a cargo de los Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que le ofrecieron una habitación en un piso para mujeres sin recursos que rechazó al no tener espacio para cuatro personas. También busca una vivienda social para ellas. "Hasta ahora he venido cobrando una ayuda social de 400 euros. Con eso mantenía a las tres jóvenes que tengo a mi cargo. Ahora no tengo paga y debo 220.000 euros", dijo mientras unos vecinos cargaban cajas con sus cosas y las introducían en una furgoneta a no se sabe dónde.
